El Gobierno Vasco incluirá por primera vez la ciberseguridad en el aseguramiento de los riesgos entre 2026 y 2030, siendo así uno de los pioneros nivel de Estado. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el inicio de este procedimiento que pretende dar continuidad a la cobertura de riesgos que ya está contemplada en los contratos que están en vigor y que finalizan en enero de 2026.
Para ello, la Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas contratará distintas pólizas de seguros, a través de ocho lotes, que doten las oportunas coberturas a los riesgos de la Administración General de la CAE, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, con una previsión plurianual del precio de licitación que supera los 133 millones de euros.
En este caso, la novedad es la inclusión en los pliegos de este concurso público la licitación del seguro de “ciber riesgo”, al considerar que ciberseguridad se ha convertido en uno de los elementos estratégicos para abordar, con mayores garantías de éxito, la transformación digital de la Administración Pública. Sin embargo, la digitalización de la Administración conlleva asumir las amenazas propias del medio virtual, y con éstas, el establecimiento de medidas que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente, en términos de calidad y continuidad.
Los continuos ciberataques que han sufrido diferentes Administraciones Públicas han mostrado la vulnerabilidad que presenta el sistema actual. Por ello, y con el objetivo de hacer frente a estos nuevos riesgos, como novedad en este procedimiento de contratación se licitará un seguro de ciber riesgo, que pueda garantizar siniestros en la propia red y en la Responsabilidad Civil de privacidad y seguridad, entre otros.
“En definitiva, el objetivo principal de la contratación de una póliza específica que asegure los ataques cibernéticos es fundamentalmente minimizar los riesgos económicos, reputacionales y de gestión que pueda sufrir en un futuro tanto el Gobierno Vasco, como sus Organismos Autónomos y los Entes Públicos de Derecho Privado”, resume la directora de Patrimonio y Contratación, Almudena Otaola Urkijo.
El precio de licitación del contrato, así como la vigencia de los contratos a cuatro años en algunos de los riesgos más significativos (la Responsabilidad Civil Sanitaria, las pólizas de vehículos y las de Vida y Accidentes) persiguen que la licitación sea atractiva para las compañías aseguradoras y que la propia competencia entre empresas beneficie a la propia Administración y a la ciudadanía.
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