A poco más de 70 kilómetros al norte de las pintorescas calles de Porto —adornadas con sus infaltables y coloridos azulejos y coronadas con sus cada vez más comunes carteles defendiendo el derecho a la vivienda de los locales— se encuentra la encantadora, aunque no tan conocida, ciudad costera de Vianado Castelo.
Lamentablemente, esta localidad ha aparecido en los recientes telediarios debido a que un barco con bandera de Liberia, el “Buque Toconao”, ha vertido toneladas de pellets de plástico en las aguas portuguesas, y dichos residuos han llegado a las playas y rías gallegas y asturianas.
Pese a que los primeros avistamientos de pellets parecen remontarse al 3 de diciembre de 2023, fue el 4 de enero cuando la Unidad Especializada en medioambiente abrió diligencias para determinar el posible carácter delictivo del vertido, que, sin duda alguna, traerá múltiples debates entorno a la protección del medioambiente, especialmente en una sociedad con un profundo vínculo emocional con sus aguas, como es la gallega, y que ya fue duramente golpeada por el hundimiento del Prestige años atrás.
Ante estos hechos, y partiendo de que la protección real del medioambiente no puede ser asumida por el Derecho penal tal y como está concebido, cabe preguntarse si las diligencias iniciadas llegarán a “buen puerto” y si es posible responsabilizar penalmente a los autores del vertido o, por el contrario, el Derecho penal no es la herramienta útil para castigar este episodio.
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